Lo hizo a través de un proyecto de comunicación que tuvo ingreso en la Cámara Alta de la Legislatura Santafesina en el transcurso de las últimas horas.
La norma solicita al Poder Ejecutivo que convoque en forma urgente al Consejo de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, creado por la ley Nº 13121, en el marco de la lucha contra la inseguridad.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
El Consejo Provincial por la Seguridad es una instancia de consulta, propuesta y contralor de carácter permanente constituido por personas físicas y por representantes de organizaciones no gubernamentales; organizaciones sindicales; instituciones educativas; fuerzas de seguridad; agencias privadas de seguridad e integrantes de los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social, de Educación y Salud; con la finalidad de profundizar el estudio de la situación de inseguridad entendida de forma interdisciplinaria y proponer acciones tendientes a disminuirla. Podrán participar como invitados los Presidentes de las Comisiones con incumbencia en materia de Seguridad de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo de la Provincia.
El gobernador de la provincia debe poner en marcha el consejo que integran ministros de su gabinete y legisladores de la oposición y el oficialismo. Este flagelo que tiene en vilo a toda la ciudadanía nos ocupa a todos y más aún a los que ocupamos cargos y tenemos la obligación de velar por la integridad de nuestros vecinos.
Planteamos la cuestión de que se debe convocar una reunión especial del Consejo de Seguridad y que este debe tomar medidas especiales para emprender acciones contra los hechos violentos que vienen ocurriendo en varias ciudades santafesinas durante estos últimos días.
Al no ser convocado se estaría demostrando una falta de actitud y de compromiso con la sociedad, sin aportar ideas ni soluciones a los problemas que aquejan a los santafesinos.
La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados.