El Senador Rodrigo Borla expresa su RECHAZO A LA REVOCATORIA DE TITULARIZACIONES de la Ministra de Educación Adriana Cantero.-
Ante la información publicada en medios periodísticos donde la Ministra de Educación define la invalidez de tres resoluciones declarando nulas otras tantas dictadas por su antecesora, Claudia Balagué (gestión de Gobierno del Frente Progresista Cívico y Social) por las cuales se dio estabilidad laboral con el pase a planta a personal de los programas de Formación Profesional y Capacitación Laboral; Equipos territoriales con eje en la convivencia y el plan Vuelvo a Estudiar. Justificando que dichas designaciones fueron objetadas por el Tribunal de Cuentas;
El Senador Provincial por el Departamento San Justo Rodrigo L. Borla expresa su RECHAZO A TAL REVOCATORIA, considerando que es un claro ataque a los derechos adquiridos de los docentes y atenta contra la estabilidad laboral fruto de las discusiones paritarias de Gremios y Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
Dichas titularizaciones se encuadran en Resoluciones Ministeriales que propician el llamado a Concurso de Titularización para cubrir cargos y horas cátedra, además consideran expresamente que tal iniciativa ha sido recepcionada dentro de los acuerdos paritarios oportunamente celebrados en el marco de la Ley Provincial vigente N° 12958. Que el Ministerio de Educación, bajo el cumplimiento de dicha ley –Convenciones Colectivas para el Sector del Personal Docente de la Provincia de Santa Fe, sostiene y garantiza el espacio democrático para la concertación paritaria con los gremios docentes, acorde a sus objetivos de estricto cumplimiento en el Sistema Educativo Provincial y cuya ejecución se coordina y desarrolla desde la Secretaría de Educación.
Que la fuente legal para formalizar el ingreso del personal docente en todos los niveles y modalidades bajo el régimen concursal está consagrada en las Leyes N° 8927 y 11149, así como el Decreto 3029/12 y sus modificatorias que aprueba el Sistema Único de Reglamentación de la Carrera Docente para todo el personal docente dependiente de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial.
La Resolución Ministerial N°1868/19. Expresa que la gestión de dicho concurso no genera un nuevo compromiso presupuestario ni tiene efecto financiero, en razón de que los cargos y horas cátedra que se designan por derecho de escalafón de concurso de titularización, estaban siendo ocupados por personal interino.
Además, expresa el Senador: en 12 años de gestión del FPCyS titularizaron 55.000 docentes. Sería impensado aceptar como antecedente la posibilidad de dar de baja derechos adquiridos a los docentes de la Provincia, acordados con los gremios en paritarias.
Las titularizaciones que se cuestionan corresponden a cargos y horas cátedras de personal abocado a garantizar derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación. Son integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas.
Se trata de perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención que articulan y gestionan con diferentes áreas del Estado Provincial y de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de conformar en las escuelas espacios de prevención para fortalecer la inclusión socioeducativa y la igualdad de oportunidades y derechos, incluyendo las situaciones de vulnerabilidad e injusticia curricular que se materializan en el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes, la formación en servicio para los docentes: Acciones indispensables en esta situación tan particular por la que están atravesando nuestro jóvenes.
Para finalizar, el Senador sostiene que éste es un nuevo ataque del gobierno provincial a la Educación, que se suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia, y la derogación del bono a reemplazantes, entre otros.
La Ley de Responsabilidad Fiscal que se alega para dar de baja estos concursos, exceptúa acuerdos previos, como en este caso las paritarias 2017 y 2019. Se trató de una reparación histórica y un cambio de situación de revista sin afectar partidas presupuestarias presentes ni futuras. Y de existir alguna situación particular de irregularidad podría haberse detectado en el periodo de transición al que el gobierno actual desestimó como oportunidad de diálogo.