Estuvo a cargo del gobernador Miguel Lifschitz este lunes por la tarde en la explanada de la Legislatura Provincial. De esta forma y de manera oficial el proyecto de Ley de Educación Provincial será enviado para su tratamiento a la Legislatura.
“Este fue un acto cívico y ciudadano con mayúsculas. Todos los que estamos somos personas preocupadas y comprometidas con la educación”, resaltó Lifschitz en el acto del que participaron más de 2 mil personas y del que también formó parte la ministra de Educación, Claudia Balagué junto a todo el gabinete provincial.
“Hemos logrado un proyecto de avanzada, de vanguardia en Argentina, que plantea nuevos hitos en educación y que no rompe con las ideas de nadie y que busca construir sobre el acuerdo y el consenso para mejorar la educación en las próximas décadas», afirmó el gobernador.
«Muchas gracias a todos los que con generosidad participaron de este proyecto que mira al futuro y mantiene y reconoce las líneas directrices de nuestra cultura educativa recogiendo los principios de la Ley 1420 que sienta las bases en Argentina de la educación pública, obligatoria, laica, gratuita, universal e igualitaria garantizando derechos”.
«Este plan trabaja sobre ideas fundamentales: la inclusión educativa, es decir garantizar de manera efectiva que la totalidad de los santafesinos hoy y en el futuro tengan acceso a la educación en todos sus nieles; garantiza la accesibilidad de la educación en cada lugar y para cada persona independientemente de su situación social, económica y particular; reconoce la diversidad; y apuesta a la calidad educativa entendida como el resultado de un trabajo colectivo realizado entre docentes, estudiantes y la comunidad para que nadie quede afuera de nuestro proyecto educativo en Santa Fe”, indicó Lifschitz.
EL PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL.
Es el resultado de un proceso de dos años de debate amplio, profundo y participativo a lo largo y a lo ancho de la provincia, en el que intervinieron un millón de santafesinos con distintas estrategias implementadas por el Ministerio de Educación.
En cada una de las escuelas se consultó a docentes, estudiantes, asistentes escolares y familias a través de foros regionales. Además, se contó con el asesoramiento de 17 especialistas en educación de Argentina, Uruguay, Brasil y España.
También se participó a autoridades del Poder Legislativo, de gobiernos locales y de organizaciones sociales, religiosas, científicas y productivas vinculadas con la educación. Asimismo, el diálogo abarcó a colectivos específicos como gremios docentes y de asistentes escolares, centros de estudiantes, universidades, cooperativistas, excombatientes de Malvinas, referentes de la ruralidad, de pueblos originarios, LGTBI, el sector productivo y de la economía social y cooperativa.
Se trata de un proyecto de ley de vanguardia y con sello bien santafesino, basado en cuatro claves: calidad educativa, innovación, inclusión y articulación, y participación y compromiso social. En ese marco, define a la educación como un bien público y como un derecho personal y social de todos los santafesinos, garantizado por el Estado provincial de manera gratuita y universal. Además, establece que la educación pública de gestión estatal es laica pero, sin obligar a profesar la religión, las escuelas públicas de gestión privada confesionales, podrán enseñar sus cultos como parte de la currícula escolar.
La iniciativa estipula la educación obligatoria desde los cuatro años hasta finalizar la secundaria, asumiendo la responsabilidad de la universalización de la sala de tres años, especialmente para las niñas y niños de los grupos más vulnerables.
El proyecto del Ejecutivo tiene la finalidad de ser “la ley de la calidad educativa” porque incorpora nuevas modalidades (Educación Física, Educación a Distancia, Virtualidad y Nuevas Presencialidades) y propone transformaciones clave en otras tres modalidades (Educación Rural y de Islas, Especial e Intercultural Bilingüe); crea el Instituto Provincial de Formación Docente Continua; plantea que los sistemas de información y evaluación integral del sistema educativo adoptarán una metodología cuali-cuantitativa, participativa y situada con procesos de autoevaluación institucional; y prevé que el Estado planifique las condiciones de infraestructura y equipamiento escolar.
Será la “ley de inclusión y la articulación” porque resguarda del derecho a la educación y el acompañamiento de trayectorias educativas inclusivas completas y de calidad, atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad con políticas de continuidad pedagógica y administrativa de las trayectorias educativas mediante el sistema informático nominal y de libreta digital, y a las situaciones de acceso, permanencia, aprendizajes y egreso a las instituciones educativas de las estudiantes madres y embarazadas o en período de lactancia, así como también por causa de paternidad con becas o ayudas socioeconómicas y con equipos socioeducativos interdisciplinarios, y con mesas regionales de articulación y protección de trayectorias educativas.
También prevé ser “la ley de la innovación” porque impulsa la creación del Laboratorio Santafesino de Políticas Educativas con la finalidad de elaborar propuestas de innovación, producir análisis e investigaciones y difundir publicaciones santafesinas. Del mismo modo, incorpora prácticas pedagógicas interdisciplinares; la concepción de las instituciones educativas como comunidades de aprendizajes; la alfabetización científica para la enseñanza de valores, saberes y metodologías que posibiliten modos creativos de comprender y transformar el mundo; la alfabetización digital, tecnológica y audiovisual con una apropiación crítica de las tecnologías; la enseñanza de las ciencias de la computación (programación, robótica, etc.); y la ampliación de la jornada escolar.
El proyecto de ley también contempla la creación de centros educativos tecnológicos así como del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción como órgano consultivo y propositivo en las políticas de Educación Técnico Profesional; la incorporación de las prácticas profesionalizantes; a la Pedagogía Emprendedora como una nueva forma de protagonismo y participación social; a las tecnicaturas superiores en escenarios vinculados a polos tecnológicos, parques industriales y contextos sociales, culturales, territoriales y de desarrollo de las economías regionales.
Será la “ley de la participación y el compromiso social” porque agregará al calendario la Semana provincial de la democracia escolar como una instancia en la cual todos los actores de la comunidad educativa ejercen el derecho a la participación y elección de sus representantes; porque establece la construcción de la “memoria colectiva” sobre los procesos históricos y políticos que vulneraron los derechos humanos, atentaron contra las libertades fundamentales de los ciudadanos o quebraron el orden constitucional; y porque garantiza la enseñanza sobre la “causa permanente e irrenunciable” que ratifica la soberanía de la Nación Argentina sobre las Islas Malvinas.
Además, establece la enseñanza de la ciudadanía, la convivencia y la educación vial; especifica el derecho a recibir Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada (en los términos de la Ley Nacional 26.150); e incorpora estrategias educativas de prevención de consumos de drogas y sustancias legales e ilegales.
Se trata de un proyecto de ley participativa porque crea el Consejo Provincial de Educación como órgano consultivo y asesor en los temas trascendentes de la educación para su desarrollo estratégico en la provincia de Santa Fe, que estará conformado por la Asamblea General y los Foros Regionales de Participación Ciudadana. También porque prevé la participación de distintos actores de la comunidad educativa mediante centros de estudiantes, asociaciones cooperadoras escolares y consejos de convivencia escolar.
PRESENTES.
Del acto participaron el vicegobernador de la provincia, Carlos Fascendini, todos los integrantes del Gabinete provincial, diputados y senadores nacionales y provinciales, intendentes y presidentes comunales, concejales, representantes de todo el arco político, referentes de instituciones de la sociedad civil, de las fuerzas vivas, del sector privado, las organizaciones gremiales, académicas, religiosas, sociales, políticas y productivas, excombatientes de Malvinas, docentes de todos los niveles, directivos, especialistas, estudiantes y trabajadores.